A marzo

En Frecuencia Tejana, conversamos con el politólogo Daniel Chasquetti sobre lo que dejó la campaña de junta de firmas contra 135 artículos de la LUC, los escenarios que se despliegan hacia marzo y los futuros posibles a partir de lo que decida la ciudadanía en el referéndum.

¿Qué tan importantes han sido los procesos de democracia directa en Uruguay y qué particularidades tiene este proceso contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración?

Lo primero a tener en cuenta, es que nuestro país a diferencia de la mayoría de los países de América Latina cuenta con instrumentos de democracia directa.

Son mecanismos pensados para complementar el funcionamiento del sistema de gobierno, que es un sistema de gobierno representativo. Los mecanismos de democracia directa permiten a la sociedad tener participación sobre las decisiones finales, ya sea para bloquear o imponer decisiones, dependiendo del mecanismo que se utilice.

En ese sentido, podemos pensar que los mecanismos de democracia directa permiten canalizar demandas y conflictos. No es lo mismo si existe la posibilidad de activar un referéndum contra una decisión del parlamento, que si la ciudadanía no tiene esa posibilidad. Si no tiene esa posibilidad, las consecuencias van a ser probablemente mayor enojo, movilización callejera o frustración, desinterés por el funcionamiento del sistema democrático, etc. Por lo tanto, es fantástico que nuestro sistema democrático tenga esta forma de permitir que aquellos que no se sientan representados por una decisión del parlamento, puedan activar estos dispositivos e intentar una consideración final.

La constitución establece que se tiene que juntar el 25 % de las firmas, es una cifra altísima, a mi juicio es algo que se tendría que cambiar en la constitución. Para activar un referéndum contra una ley se exige un 25 % de firmas y para establecer enmiendas en la constitución se exige solamente un 10 % de las voluntades. Por lo menos debería ser al revés o algún punto entre esas dos cifras.

En este caso, se juntaron las firmas, va a haber un referéndum en marzo y desde el punto de vista de la salud de un régimen democrático esto es algo muy bueno. Desde el punto de vista de los intereses de la oposición y del gobierno, para unos es un éxito y para otros es un problema.

¿Cuál fue la estrategia del gobierno frente a la campaña y cómo será de cara al plebiscito, donde ya se han dejado ver algunas posturas como la de Sanguinetti que habla de “un plebiscito en contra o a favor” del gobierno? ¿Qué riesgos y fortalezas tiene tomar esa impronta para el gobierno?

El gobierno hizo lo que recomiendan los manuales. Luego de aprobada una ley en el parlamento, si las organizaciones sociales o quien sea comienza a juntar firmas para activar un referéndum, lo lógico es que el gobierno se desentienda, esto lo han hecho todos.

Por ejemplo, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno y salieron a juntar firmas contra la ley del aborto, la ley Trans o la ley de Riego, el gobierno del Frente Amplio no salió a defender esas leyes, porque en realidad el gasto lo tienen que hacer aquellas organizaciones que pretenden derogar la ley.

En este caso funcionó igual, la diferencia es que quienes veníamos controlando el ritmo de recolección tomando nota de los comunicados de la Comisión Pro Referéndum, veíamos que el ritmo no era malo y que habían existido algunos saltos relevantes como el caso del primero de mayo que fue una jornada muy importante y alertábamos sobre la posibilidad de que se podía llegar. Tal vez en ese momento, el gobierno debería haber salido a debatir, asumir la responsabilidad de frenar esto, porque toda recolección de firmas es costosa, más bajo la pandemia.

Pero también es cierto que cuando hay solo una voz, una campana, las cosas no son plenamente típicas de un sistema democrático, donde por lo menos hay dos voces. En cambio, acá solamente hablaba la gente que juntaba firmas, eso le salió mal al gobierno y lo tomó por sorpresa, vuelvo a repetir, el gobierno partió de la base de que no se podía llegar.

Ahora se abre un juego nuevo, distinto, el gobierno va a tener que salir a defender su ley y todo lo que sabemos de las investigaciones de ciencias políticas es que una elección de esta naturaleza, tiene una fuerte tendencia a transformarse en un verdadero plebiscito sobre la actividad del gobierno.

Es cierto que hay 135 artículos y que esos 135 artículos pueden agruparse por lo menos en 10, 11 o 12 políticas públicas donde podrían darse debates formidables. Por ejemplo, el tema del combustible y porque sube tanto es todo un tema, es por culpa de la LUC por el artículo 235 … pero más allá de los artículos, la gente toma atajos y mira cosas más generales, el referéndum de marzo va a ser una suerte de plebiscito sobre la marcha del gobierno.

Normalmente, en esto influyen dos variables, una es la economía, como esté la economía en marzo del año que viene. Cuando digo como esté la economía me refiero a cuestiones básicas: empleo, inflación, salarios, pobreza, indigencia, es decir, los indicadores económicos y sociales básicos son muy relevantes. Otro es la popularidad, que ha sido muy alta hasta ahora por el impacto muy fuerte de la pandemia. Los uruguayos somos muy conscientes de que la pandemia es un fenómeno mundial y la asignación de responsabilidades no es tan lineal como podría ocurrir en otros casos.

Por ejemplo, en el 2002 que tuvimos una crisis regional que afectó a Argentina y Brasil, sin embargo los uruguayos le asignamos mucha responsabilidad al gobierno de Jorge Batlle. En este caso, no se dio esa asignación de responsabilidades al gobierno porque prendíamos la tele y veíamos que los italianos, los españoles, los británicos, los chilenos, todo el mundo estaba pasando por esto. Pero la pandemia pasa y cuando esto pase, la normalidad que vamos a tener va a ser más típica y van a comenzar a pesar mucho más las cuestiones distributivas, económicas, sociales. Yo creo que el referéndum va a terminar siendo un escenario de alto peligro para el gobierno.

Suponemos que el gobierno va a tratar de centrar la discusión en algunos temas en los que cree que le va bien, pero también eso es relativo. Por ejemplo el tema de la seguridad, Sanguinetti insiste con el tema de que la LUC nos permitió mejorar la seguridad y no hay ninguna forma de demostrar eso. En el mundo entero con la pandemia la seguridad ha mejorado, han bajado los delitos, porque ha habido menos movilidad y menos oportunidades para delinquir, ahora cuando volvamos a una situación de normalidad hay que ver qué pasa con esos indicadores.

Yo diría que el juego está abierto, para los analistas va a ser interesantísimo, para los actores va a ser estimulante, porque va a ser peleado y porque se va a necesitar mucha militancia y activismo social, esto no se va a ganar solo con campañas en televisión, va a ser fundamental el boca a boca, el puerta a puerta, la interacción y muchas de las cosas que no hubo en el periodo previo al 9 de julio que obviamente tenían que ver con los condicionamientos que ponía la pandemia.

Al otro día de la votación, ¿qué escenarios se despliegan para el gobierno y para la sociedad civil y la oposición, en caso de que el SI llegue o no al 50 % de los votos válidos?

Para los más viejos, recordamos el 13 diciembre de 1992 cuando se realizó un referéndum en torno a la ley de empresas públicas aprobada por el gobierno de Lacalle Herrera, en esa oportunidad el gobierno perdió por una diferencia relevante. Los que recordamos de esa instancia, es que el gobierno se fue deshilachando, la coalición de Lacalle Herrera fue perdiendo socios, el gobierno se volvió impopular, quedó debilitado, el resto del periodo luego del referéndum podemos decir que el gobierno administró, más que gobernó.
Un presidente que había llegado en 1990 con una agenda audaz de reformas neoliberales como ocurría en casi toda América Latina, terminó percibiendo el referéndum como un freno, un bloqueo al conjunto de sus políticas.

Algunos historiadores en ese momento lo compararon con el “Alto de Viera” de 1916, el episodio donde luego de la elección de la Asamblea Constituyente para reformar por primera vez la Constitución de la República, el batllismo cayó derrotado y el presidente batllista Feliciano Viera decidió parar las reformas, a eso se le recuerda como el “Alto de Viera”. En 1992 hubo un alto, las reformas neoliberales de Lacalle Herrera se pararon ahí con el referéndum, ese episodio nos deja como enseñanza la idea de que caer derrotado en un referéndum sobre tu principal ley, es un episodio lo suficientemente relevante como para levantar el pie del acelerador.

Yo me imagino que si en el referéndum el gobierno pierde, lo que vamos a ver son unos dos años siguientes con poca innovación y probablemente una ruptura de la coalición, aflojamiento de la disciplina en el parlamento y cosas por el estilo.

Si sucede lo contrario y el gobierno gana el referéndum, vamos a ver un escenario exactamente inverso, el gobierno va a estar parado en los pedales, va a sentir un respaldo, un crédito de parte de la ciudadanía y probablemente acelere sus reformas. Estas reformas tienen una orientación ideológica muy clara, de signo liberal, pro mercado, que mueve el conjunto de las políticas públicas hacia una zona donde históricamente Uruguay no ha estado. Un estado más chico, menos eficiente y un mercado más grande, con ganadores y perdedores bien claros.

Creo que ese es el dilema, por eso digo que el referéndum de marzo de 2022 es un evento muy relevante, inesperado es cierto, pero bueno no por eso hay que quitarle toda su dimensión, va a ser el evento más importante del periodo de gobierno de Lacalle Pou y eso que tuvimos la pandemia. El referéndum en sí mismo va a ser un hecho único, creo que el resultado va a condicionar los siguientes dos años y el cierre de este gobierno.

Frecuencia Tejana, El Puente FM